REFLEXIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN TORNO A LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO EN ARGENTINA-

Karina Urbina fundadora de Transdevi, la primera organización de mujeres transexuales, en los noventa.
Fuente: Archivo de la Memoria Trans Argentina.

La pandemia del COVID-19 para las personas trans, travestis y no binarias en Argentina ha significado la profundización de la persistente situación de desigualdad estructural que históricamente ha caracterizado sus vidas. Si bien la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012 por una aplastante mayoría, ha sido calificada como uno de los principales logros del movimiento trans y travesti en el país, al mismo tiempo como una norma de vanguardia que ha permitido el avance en materia de derechos humanos para este grupo de personas. Las medidas de aislamiento preventivo han evidenciado las potencialidades y limitaciones de la misma y han puesto de manifiesto la necesidad de políticas integrales de cambio cultural que desafíen el fracaso binario que lucha por mantenerles, como diría Susy Shock “en rinconcitos armados para que entremos cómodamente y evitar que les pongamos en duda, en jaque, en crisis, todos sus paradigmas y privilegios”[1].

Las personas trans y travestis en Argentina -al igual que sucede en gran parte del planeta- no viven al margen, sino en “rinconcitos armados” fuera de él. La sociedad patriarcal binaria y heterocisnormativa les ha relegado históricamente a la penumbra: a la calle, a la noche, a las “zonas rojas”, a la informalidad y al rechazo, incluso por parte de sus propias familias. Aún hoy, se siguen viendo expulsades de sus hogares, de la escuela y de espacio laborales en organismos públicos y privados, dejándoles a las feminidades trans y travestis la “prostitución como destino”, mientras que para las masculinidades trans y personas no binarias la invisibilidad parece ser el suyo.

Diferentes informes[2] sobre las condiciones de vida de las personas trans y travestis en el país -muchos realizados con participación de elles mismes- echan luz sobre la marginación histórica y cotidiana: seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación; el 64% de masculinidades vive del trabajo informal o no trabaja; el 80% de feminidades se encuentra o estuvo en situación de prostitución o trabajo sexual; tienen una expectativa de vida de 35 a 42 años; el 83% fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial; el 46% vive en viviendas deficitarias; el 34% tiene VIH y dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales; y el 75% ha sido víctima de diferentes tipos de acoso y violencias, incluidas muertes evitables como los transfemicidios y travesticidios. Es una problemática estructural que ahora con la pandemia queda aún más al descubierto.

En este contexto y recordando que este mes se cumplen los ocho años de la sanción de la Ley de Identidad de Género quisiéramos proponer una serie de reflexiones a partir del espíritu de dicha norma donde temas como la identidad, el cuerpo, la inclusión, el trato digno y la autonomía promueven nuevas formas de relacionamiento con el Estado y la sociedad.

La ley 26.743 reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida de las personas, garantizando el trato digno, la rectificación registral y el acceso integral a la salud -incluyendo intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales- por parte de las personas trans y travestis, incluides niñes, adolescentes y extranjeres. Ahora bien, es importante señalar que esta norma se caracteriza por reconocer y salvaguardar los derechos humanos de las personas trans y travestis, despojándolas de cualquier estigma patologizante y criminal, otorgando plena autonomía y decisión respecto de su desarrollo como seres humanos, siendo innecesaria autorización judicial, diagnóstico médico, intervención corporal y/o la rectificación del DNI para el despliegue y reconocimiento de la identidad.

Esta ley es el resultado de una “férrea disputa cultural de una idea trava, trans latinoamericana que se puso en discusión, de pie, a la par que se conseguían leyes y se bajaban edictos”[3]. Esta batalla por una parte buscaba terminar con la violencia policial y las detenciones arbitrarias que se realizaban bajo la figura de los edictos policiales[4], derogados en su mayoría a fines de los noventa. Además buscaba trabajar por el reconocimiento estatal y social de las identidades travesti y trans, siendo la primera arena de esta lucha el marco del movimiento LGBT en los noventa. Las lesbianas alentaban a que estos grupos se alinearan con los gays, por considerarlas unas de las tantas versiones de esta orientación sexual, mientras los gays oscilaban entre el maravillarse por el glamour y la purpurina travesti y su rechazo.

Indudablemente el reconocimiento de las identidades y los cuerpos travesti y trans son uno de los ejes centrales del movimiento y, por ende, de la Ley de Identidad de Género. No en vano, la primera investigación sobre las condiciones de vida de la población trans donde participan Lohana Berkins, Marlene Wayar y Mauro Cabral con otres investigadores cisgénero se titule “La gesta del nombre propio”[5]. Algo tan sencillo como el uso y reconocimiento del nombre, de la identidad propia, algo que para la mayor parte de la población está dado por sentado, es el centro de la lucha y del debate, porque como diría Claudia Pía Baudracco –una de las mayores impulsoras de la ley quien murió meses antes de su sanción: “tenemos derecho a tener un nombre que refleje nuestro género vivido, para que hasta nuestro lecho de muerte se nos respete y para que nuestras familias y amistades nos lleven flores”[6].

A ocho años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género se puede afirmar que se han logrado profundos avances al respecto. Más de 9.000 personas han realizado la rectificación registral (de la Partida de Nacimiento y del Documento Nacional de Identidad) de acuerdo con su identidad de género autopercibida, entre ellas cerca de 100 menores de edad y más de 124 personas extranjeras. Cientos de casos en escuelas, universidades, empresas, clubes deportivos y en otros ámbitos, amparados en la norma han puesto en discusión y garantizado en gran parte de los mismos el respeto al derecho a la identidad de género. Además, en el marco de la ley se han realizado diferentes pedidos para el reconocimiento de otras identidades de género como “feminidad travesti” o “géneros no binarios”, situaciones que han cursado en la justicia y que aún no han encontrado solución en el Registro Nacional de las Personas. Por primera vez en el país un asesinato, el de la activista Amancay Diana Sacayán, fue caratulado y condenado como “travesticidio”. Y en estos tiempos de pandemia el Ministerio de Salud de la Nación demanda que se respete la identidad de género de personas asistidas por coronavirus en el marco de la legislación vigente garantizando el trato digno y respetuoso de las personas trans, travestis y no binarias[7].

Se puede afirmar también que la Ley de Identidad de Género consolidó un piso para fortalecer otras demandas como las de la inclusión laboral. De tal forma se ha venido trabajando en la sanción de leyes de cupo trans y travesti en el ámbito del Estado y aunque no se ha logrado la sanción de una ley nivel nacional –se encuentran varios proyectos con estado parlamentario, actualmente se cuenta con cinco leyes provinciales (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Río Negro, Santa Fe) y 42 ordenanzas municipales. Y aun cuando no se han puesto en marcha íntegramente, ya que la mayoría son muy recientes o se encuentran con falta de voluntad política, hoy se encuentran personas trans y travestis en diferentes niveles del Estado, aun en cargos de dirección municipales, provinciales y nacionales, como en el caso de Alba Rueda, una conocida activista trans, recientemente designada como primera Subsecretaria Nacional de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Si bien este es un gran logro, no ha significado una incorporación masiva sino más bien concentrada en las áreas de género y diversidad sexual principalmente. De la misma forma, en el ámbito empresarial la inclusión laboral trans y travesti sigue siendo una deuda pendiente. Aunque la temática viene ganando importancia, las bajas tasas de terminalidad educativa y los prejuicios al interior de las organizaciones, entre otras, hacen que la incorporación al trabajo sea muy tímida, salvo algunas honrosas excepciones.

De tal forma, se encuentra que a pesar de dichos avances promovidos por la sanción de la Ley de Identidad de Género la mayor parte de la población trans y travesti se encuentra en situación de vulnerabilidad. Frente a este panorama de ausencia histórica del Estado, en el contexto actual diferentes programas de auxilio orientados a la población travesti y trans han sido puestos en marcha al calor de la pandemia. En el marco de la emergencia sanitaria, 3.536 personas de este colectivo fueron incluidas en el programa Potenciar Trabajo[8]; 2.835 recibieron refuerzos alimentarios en distintas provincias del país en articulación con organizaciones sociales y gobiernos locales y se ha trabajado para garantizar la continuidad de los tratamientos hormonales. Además, se realizaron intervenciones para evitar más de 120 desalojos; se atendió la situación de personas travesti trans privadas de su libertad en el penal federal de Ezeiza; y se está brindando asistencia para la regularización de los trámites migratorios de 223 personas travesti y trans. Asimismo, algunas organizaciones de la sociedad civil y el Estado también han estado actuando al respecto. Sin embargo, la dimensión y complejidad de la problemática en muchos casos excede los esfuerzos realizados.

Garantizar el trato digo y la adecuación corporal a la identidad autopercibida ha sido uno de los principales triunfos de la Ley de Identidad de Género. En este sentido, este piso de reconocimiento puede ser desarrollado en organizaciones en países donde aún no se cuenta con esta norma y de tal manera trabajar y enfocarse en la promoción de la inclusión laboral de personas trans y travesti y en el desarrollo de políticas integrales (educación, salud, vivienda, etc.). Es importante no olvidar, como escribiría Lohana Berkins dos días despúes de la sanción de la Ley, “uno intenta, ahora, anteponer la razón, pero el corazón siempre termina ganando, sobre todo en un país donde todavía hay tantas heridas sin sanar. Poder tener un documento que diga quiénes somos, que nos pongan un status de sujetxs políticxs es un avance muy profundo. Ese triunfo se festeja con mucha insolencia: ¡mucho escándalo y mucha furia travesti!”[9].

Fuentes: